La Guardia Civil investiga a 26 personas en el marco de la denominada operación Faunus, desarrollada en Málaga contra la presunta venta ilegal de especies protegidas a través de Internet, según la información difundida el 25 de marzo de 2025. El dispositivo se saldó con 24 delitos esclarecidos contra la fauna y 116 inspecciones, y con la intervención de ejemplares de 17 especies protegidas, entre ellas tortugas, aves rapaces, un tití, un caimán, un caracal (Caracal caracal) y servales (Leptailurus serval). Todas las personas figuran como investigadas y les ampara la presunción de inocencia.
Qué se ha intervenido y qué significa la cifra
La referencia a 17 especies protegidas alude al número de especies distintas identificadas en la actuación, no necesariamente al número de animales intervenidos, que puede ser superior si de alguna de ellas se localizaron varios ejemplares. Es una distinción que conviene mantener al leer este tipo de balances, porque especies y ejemplares no son magnitudes equivalentes y suelen confundirse.
El grupo de animales citado es heterogéneo y refleja bien el perfil del mercado que se investiga. Conviven reptiles de tamaño reducido y precio de entrada bajo, como las tortugas, con aves rapaces sujetas a regímenes de tenencia específicos y con mamíferos de difícil manejo doméstico: un primate, un felino silvestre africano de tamaño medio como el caracal y varios servales, además de un cocodriliano. Ninguno de ellos es un animal doméstico, y todos plantean necesidades de espacio, alimentación, temperatura o enriquecimiento que un domicilio particular difícilmente cubre.
Cómo funciona el mercado online de fauna protegida
La venta de especies protegidas se ha desplazado en los últimos años desde los circuitos presenciales hacia plataformas de anuncios clasificados, foros especializados, grupos privados de mensajería y redes sociales. Ese traslado cambia la naturaleza del problema: el anunciante puede operar desde cualquier punto, el contacto inicial es anónimo y el rastro se fragmenta entre la publicación, la conversación privada, el pago y el transporte del animal.
Para la investigación, esto implica un trabajo distinto al de una inspección tradicional. Las 116 inspecciones practicadas son la parte visible sobre el terreno de un proceso que empieza en el rastreo de publicaciones y en el análisis de la actividad digital de los anunciantes. También explica por qué una sola operación puede acabar con 26 personas investigadas en situaciones muy dispares: desde quien presuntamente cría y comercializa de forma sistemática hasta quien adquirió un único ejemplar sin documentación.
El marco legal: CITES y la distinción entre vía penal y administrativa
El comercio internacional de fauna protegida se regula a través del Convenio CITES, aplicado en la Unión Europea mediante reglamentos propios. Mover legalmente un ejemplar de una especie incluida en sus apéndices exige documentación que acredite su origen legal y los permisos correspondientes, además de los controles aduaneros y sanitarios. La carencia de esa documentación es el eje habitual de este tipo de investigaciones: no se cuestiona la existencia del animal, sino si llegó por un cauce autorizado.
Conviene distinguir con claridad las dos vías por las que pueden discurrir estos hechos, que no son intercambiables. Los 24 delitos esclarecidos apuntan a la vía penal: el Código Penal recoge delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, y corresponde en exclusiva a los juzgados y tribunales valorar si los hechos investigados encajan en esos tipos y quién es responsable, tras el correspondiente procedimiento con todas las garantías. Que la Guardia Civil considere un delito «esclarecido» significa que ha identificado a un presunto autor y ha remitido las actuaciones, no que exista condena.
En paralelo, y con independencia de lo penal, la normativa administrativa sobre comercio de especies protegidas, sanidad animal y tenencia de determinados animales prevé su propio régimen sancionador, que tramitan las administraciones competentes con plazos, sanciones y recursos propios. Un mismo hecho puede dar lugar a actuaciones en ambas vías, y su resultado puede no coincidir.
Qué ocurre con los animales intervenidos
El decomiso no resuelve la situación de los ejemplares, solo la traslada. Los animales incautados no pueden devolverse sin más ni permanecer en dependencias policiales: la normativa prevé su depósito en centros de rescate acreditados, instalaciones autorizadas que reúnen recintos adecuados, personal cualificado, atención veterinaria y protocolos de cuarentena.
Esa custodia puede prolongarse durante meses o años, mientras el procedimiento sigue su curso, y consume recursos de una red de centros que en España opera habitualmente cerca de su límite de capacidad. Solo con una resolución firme se decide el destino definitivo. Para animales nacidos o criados en cautividad fuera de su área de distribución natural, el regreso al medio silvestre rara vez es una opción realista, de modo que lo más frecuente es la permanencia en un centro o el traslado a otra instalación autorizada.
Presunción de inocencia
Las 26 personas figuran como investigadas, una condición procesal que garantiza derechos de defensa y que no implica culpabilidad ni prejuzga el resultado del procedimiento. Radar Animal no publica sus nombres, que tampoco constan en las fuentes consultadas. El proceso sigue abierto; Radar Animal actualizará esta información si se conoce una resolución judicial o administrativa posterior.
Lo que no se sabe
Las fuentes disponibles no detallan cuántos ejemplares se intervinieron en total, ni qué especies concretas integran las 17 citadas más allá de los grupos mencionados, ni el estado sanitario en que fueron hallados los animales. Tampoco consta en qué instalaciones han quedado depositados ni si alguno requirió atención veterinaria urgente.
No se precisa el periodo temporal que abarcó la operación, si las 116 inspecciones se concentraron en la provincia de Málaga o alcanzaron otros territorios, ni qué plataformas o canales se utilizaban presuntamente para los anuncios. Falta igualmente saber qué tipos delictivos concretos se atribuyen a los investigados, si existía una estructura organizada detrás de las ventas o se trata de actuaciones independientes, y si se han abierto en paralelo expedientes administrativos sancionadores. Tampoco hay información sobre el origen de los ejemplares ni sobre si procedían de cría en cautividad o de captura en el medio natural. Radar Animal actualizará esta ficha cuando se conozcan datos oficiales adicionales.
Fuentes: Guardia Civil, nota informativa de 25 de marzo de 2025 — https://web.guardiacivil.es/gl/destacados/noticias/Intervenidas-17-especies-protegidas-que-se-comercializaban-ilegalmente-a-traves-de-internet-en-Malaga/ ; Animal’s Health, información publicada el 25 de marzo de 2025 — https://www.animalshealth.es/animaladas/guardia-civil-interviene-17-especies-protegidas-comercializaban-ilegalmente-traves-internet
