La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena, plaza número 1, ha abierto diligencias previas contra el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) por unos hechos que, dice el auto, «podrían ser constitutivos de un delito contra animales domésticos».
En la misma resolución, fechada el 14 de agosto de 2026, el juzgado le impone medidas de obligado cumplimiento inmediato: proporcionar comida y agua a los gatos que lo necesiten.
Se trata de una colonia de más de 40 gatos asentada en terrenos municipales del entorno de la basílica paleocristiana de Coracho, en el polígono industrial de La Viñuela.
Qué le ordena exactamente el juzgado
El auto acumula estas diligencias a un procedimiento que ya estaba abierto por hechos similares, y ordena al Consistorio:
- Dar comida y agua a los animales que lo necesiten.
- Recoger a los extraviados o abandonados, cuando sea posible, para llevarlos a un centro de protección animal.
- Permitir el acceso de la asociación CER Lucena al recinto para atender a los gatos.
- Entregar el expediente administrativo del contrato menor de gestión y mantenimiento de colonias felinas, «si lo hubiera» —el matiz es del propio auto—, y explicar por qué no se intervino en este caso.
- Informar de si existe un servicio de urgencia operativo 24 horas para la recogida y atención veterinaria de estos animales.
El juzgado recuerda que la Ley 7/2023 permite prestar ese servicio con medios municipales o mediante entidades privadas, procurando la colaboración con asociaciones de protección animal.
Además ha encargado al SEPRONA que se desplace a la parcela, inspeccione la colonia y emita un informe sobre el estado de los gatos.
Contra el auto cabe recurso de reforma en tres días y de apelación en cinco. Pero hay un detalle que conviene no pasar por alto: interponerlos no suspende las medidas.
De dónde viene la denuncia
La denunciante es una integrante de CER Lucena que, según su relato, lleva años ocupándose voluntariamente de alimentar y atender a esa colonia ante la falta de intervención municipal, incluida la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno).
En julio comunicó por escrito al Ayuntamiento que dejaría de hacerlo a partir del 1 de agosto. Dice que ha seguido acudiendo igualmente al comprobar que «nadie se está haciendo cargo».
El detonante fue otro: sostiene que la única actuación municipal reciente en la parcela fue un desbroce que arrasó parte de los elementos de mantenimiento de la colonia y que, según su testimonio, provocó además la pérdida de algunos gatos de corta edad. Presentó una primera denuncia por esos hechos y la amplió el 14 de agosto con una segunda por la falta de atención a los animales.
La versión del Ayuntamiento
El alcalde en funciones, Francis Aguilar, respondió el 24 de agosto negando el punto central: sostiene que el Ayuntamiento sí ha estado proporcionando alimento a esos gatos durante agosto, y que la colonia de Coracho recibe la misma atención que las demás del municipio. Por tanto, afirma, no hay incumplimiento.
Sobre el procedimiento, subrayó que se trata de diligencias previas y de un requerimiento de información, no de una resolución que declare responsabilidad. Los servicios jurídicos municipales están reuniendo la documentación y dispondrían hasta septiembre para presentarla.
Es un matiz correcto y conviene sostenerlo con la misma firmeza que el resto: el Ayuntamiento está investigado, no condenado. Que un juzgado abra diligencias significa que ve indicios suficientes para averiguar qué ha pasado, no que haya decidido que pasó.
El problema de fondo: más colonias que capacidad
El caso concreto se entiende mejor con las cifras que el propio Consistorio ha ido dando.
En marzo de 2025 planteó estudiar un convenio con el Colegio de Veterinarios de Córdoba para mejorar la gestión de las colonias y aplicar el CER. Ya entonces reconocía más de 60 colonias en el término municipal y más de 900 gatos, cifras que se dan por superadas por la falta de control posterior. Esa es la aritmética del problema: sin esterilización sistemática, una colonia no se mantiene estable, crece.
En febrero de 2026 presentó un servicio de gestión y protección animal con personal técnico propio: un veterinario —inicialmente a media jornada—, un auxiliar administrativo y una empresa especializada que ha empezado por elaborar el censo. Se acompaña de una ordenanza municipal en redacción y de un programa de gestión con geolocalización. El presupuesto inicial supera los 65.000 euros, con fondos municipales y de un convenio con la Diputación.
Las cuidadoras voluntarias consideran insuficiente el reparto puntual de alimento y sostienen que lo urgente es aplicar el CER para que las colonias dejen de crecer.
Por qué importa más allá de Lucena
La Ley 7/2023 hizo responsables a los ayuntamientos de la gestión de las colonias felinas, pero no les dio ni presupuesto ni personal automáticamente. El resultado más común es este: el municipio va por detrás, y quien sostiene el día a día son voluntarias a título particular.
Lo que distingue a Lucena no es tener el problema, sino que un juzgado haya entrado a mirarlo, con medidas cautelares y con el SEPRONA inspeccionando sobre el terreno. Es de los primeros casos conocidos en los que la obligación municipal de la Ley 7/2023 se discute en sede penal.
Qué no sabemos, y una advertencia sobre las fuentes
Este artículo no se apoya en fuente primaria. El auto de 14 de agosto no es un documento público: son diligencias previas de un juzgado de instrucción, y esas resoluciones no se publican en el CENDOJ, que recoge sentencias de tribunales superiores. Lo que hay es el contenido del auto tal y como lo citan dos medios independientes —LucenaHoy, que dice haber tenido acceso a él, y Cordópolis— más las declaraciones públicas del alcalde en funciones. Se publica porque hay una colonia con animales dentro y una medida judicial en vigor, pero conviene saber sobre qué se está leyendo.
De ahí lo que queda abierto:
- Si los gatos están siendo alimentados o no. Es exactamente el punto en disputa: la denunciante dice que no, el Ayuntamiento dice que sí. El informe del SEPRONA es el que puede resolverlo, y no se conoce.
- Cuántos gatos de corta edad se perdieron en el desbroce, si es que se perdieron. Es el testimonio de la denunciante, no un hecho acreditado.
- Si existe el contrato menor de gestión de colonias que el juzgado reclama. El auto dice «si lo hubiera», lo que sugiere que el juzgado tampoco lo da por seguro.
- En qué queda todo. Unas diligencias previas pueden acabar archivadas.
Fuentes: LucenaHoy, «Un juzgado abre diligencias contra el Ayuntamiento de Lucena y le obliga a garantizar comida y agua a los más de 40 gatos de una colonia felina» (21 de agosto de 2026) y «El equipo de gobierno desmiente que los gatos de la colonia felina de Coracho no estén siendo alimentados por el Ayuntamiento» (24 de agosto de 2026); Cordópolis / elDiario.es. Consultadas el 2 de septiembre de 2026.
