Un titular publicado esta semana afirmaba que acababa de entrar en vigor una prohibición que impide a los particulares que su perro o su gato tenga camadas. La frase que citaba era contundente: «la cría ya no puede hacerse de manera privada o improvisada».
Hay un problema con ese titular, y es de fecha. La norma en la que se basa, la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, seis meses después de su publicación en el BOE. No ha entrado en vigor esta semana, ni este verano: lleva vigente desde hace casi tres años.
Lo que la ley dice, con precisión
El artículo 27.k) de la Ley 7/2023 prohíbe la cría comercial de cualquier animal de compañía, y también cualquier tipo de cría de animales cuya identificación individual sea obligatoria, cuando la realicen criadores no inscritos en el Registro de Criadores. El artículo 3.o) define a un criador registrado como la persona responsable de la actividad de cría e inscrita en ese registro.
Hay además una obligación conectada, en el artículo 26.i): los gatos deben esterilizarse, salvo que estén inscritos como reproductores en el registro de identificación y a nombre de un criador registrado.
Dicho de otro modo: la ley sí exige registro para criar de forma legal, y sí liga la excepción a la esterilización obligatoria a estar dado de alta como reproductor. Hasta aquí, el titular no falta a la verdad. El problema no está en lo que afirma, sino en lo que dice de la fecha, y en lo que no distingue.
Lo que el titular no distingue
La ley crea el Registro de Criadores, pero el desarrollo reglamentario que fija cómo funciona ese registro en la práctica —qué tipos de criador existen, cómo se autoriza la actividad, con qué periodicidad y condiciones— sigue, tres años después de la entrada en vigor de la ley, sin estar completado. Hay un proyecto de real decreto en tramitación que aborda precisamente eso, junto con las condiciones básicas de cría, venta y tenencia de animales de compañía.
Esa distinción importa. No es lo mismo decir «la ley prohíbe criar sin registrarse», que es cierto desde 2023, que decir «esta semana ha entrado en vigor algo nuevo», que no lo es. Y tampoco es lo mismo la cría comercial, que la norma persigue con claridad, que la situación de quien tiene un perro o una gata que ha tenido una camada de forma ocasional y no planificada, un supuesto que el texto de la ley no desarrolla con el mismo detalle.
Qué significa esto en la práctica, hoy
Si tienes un animal de compañía y planeas que tenga descendencia de forma habitual o con ánimo de venta, la ley exige que te registres como criador. Si tu perra ha quedado preñada sin que lo buscaras, la ley no tipifica con precisión ese supuesto, y el reglamento que debería aclararlo todavía está en tramitación. Lo prudente, mientras tanto, es esterilizar a los animales que no se destinen a la cría, que es además la recomendación veterinaria general y la que reduce el problema de fondo: el exceso de camadas no deseadas que termina, con demasiada frecuencia, en abandono.
Actualización, 9 de agosto: el mismo error, con otra cláusula
Una semana después de publicarse este fact-check, ha vuelto a pasar. Un artículo de El Español, con fecha del 9 de agosto de 2026 y marcado como noticia del día, lleva por titular que la ley «solo permite usar la eutanasia en casos concretos» y la presenta como una restricción de actualidad, sin indicar en ningún momento cuándo entró en vigor.
La cláusula que cita existe, y la reproduce bien: el artículo 27.a) de la Ley 7/2023 dice, literalmente, que «la eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables». La norma exige además que la practique un veterinario colegiado, con métodos humanitarios, y prohíbe expresamente recurrir a ella por sobrepoblación, vejez, una enfermedad con tratamiento posible o un problema de comportamiento reconducible.
El problema es, otra vez, el mismo: esa restricción no es de agosto de 2026, es del mismo artículo 27 que lleva en vigor desde el 29 de septiembre de 2023, igual que la cláusula de cría que motivó la primera versión de este fact-check. No hay ninguna reforma reciente detrás de ninguno de los dos titulares; hay una ley de hace casi tres años que sigue generando cobertura como si fuera nueva.
Fuentes: Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, Boletín Oficial del Estado, BOE-A-2023-7936.
