El SEPRONA de la Guardia Civil de Teruel ha identificado a varias empresas y particulares como presuntos responsables de vertidos ilegales de residuos en el entorno de la Vía Verde Ojos Negros-Sagunto, a su paso por el término municipal de Teruel. Las actuaciones se iniciaron después de las denuncias presentadas por asociaciones vecinales ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que alertaban de la proliferación de vertidos desde el pasado mes de mayo.
La zona afectada no es únicamente un espacio de tránsito junto a la vía verde. En el entorno confluyen varios barrancos y existe hábitat de fauna protegida, entre ella el sapo partero común (Alytes obstetricans), además de cabra montés, buitre leonado, alimoche y águila real.
El sapo partero añade especial sensibilidad ambiental a la zona
Según la información difundida por la Guardia Civil, el sapo partero común está protegido y la conservación de sus zonas de reproducción requiere especial atención. Los anfibios son particularmente sensibles a la alteración de puntos de agua, suelos y pequeños cauces, por lo que los vertidos en áreas próximas a barrancos pueden tener consecuencias que van más allá del impacto visual.
La presencia de una especie protegida no implica por sí sola que se haya demostrado un daño directo a ejemplares concretos. La investigación se centra en los vertidos y en la identificación de sus responsables, mientras que la valoración ambiental corresponde a las autoridades competentes.
Las denuncias vecinales dieron origen a la investigación
Las actuaciones comenzaron a raíz de las quejas trasladadas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel. Meses antes ya se había advertido de la acumulación de residuos de distinta naturaleza junto a la Vía Verde de Ojos Negros, incluidos escombros, bolsas, enseres y otros materiales.
Tras las comprobaciones realizadas, los agentes del SEPRONA identificaron a varios posibles responsables, tanto empresas como particulares, y elaboraron los correspondientes informes de denuncia.
Los expedientes ya han sido remitidos a las administraciones competentes
Los informes han sido enviados al Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Teruel y al Ayuntamiento de Teruel. A partir de ahí serán estas administraciones las que tramiten los expedientes y determinen las responsabilidades administrativas que correspondan.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, contempla para determinadas infracciones graves multas de 2.001 a 100.000 euros. Cuando intervienen residuos peligrosos o suelos contaminados, las sanciones pueden situarse entre 20.001 y 600.000 euros, dependiendo de la infracción y de las circunstancias concretas.
Investigación administrativa, no condena
La identificación de empresas y particulares no equivale a una sanción firme. Los expedientes deben seguir su tramitación y los afectados disponen de las garantías propias del procedimiento administrativo.
La actuación vuelve a poner el foco en los efectos que pueden tener los vertidos incontrolados cuando se producen en entornos de valor ecológico y próximos a hábitats utilizados por especies protegidas.
