La Guardia Civil de Melilla informó el 11 de octubre de que el Seprona había localizado a dos perros atados junto a una edificación rústica deshabitada en un antiguo enclave agrícola y ganadero, y había denunciado a un hombre y a una mujer por presuntas infracciones de identificación y sanidad animal.
Dos perros atados junto a un edificio deshabitado
Según informó la Comandancia, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de la posible presencia de dos animales en situación de abandono. Al acudir al lugar los encontraron atados en el exterior de una edificación rústica deshabitada. La Guardia Civil señala que, aunque los perros presentaban aparentemente un buen estado físico, permanecían vinculados al inmueble bajo el cuidado informal de dos particulares. El titular de la nota oficial habla de dos perros rescatados «en situación de extrema vulnerabilidad». La información difundida no concreta el día en que los agentes acudieron.
Vacuna antirrábica y microchip
Con la documentación facilitada por una de las personas identificadas, la patrulla comprobó que la última vacunación antirrábica obligatoria de ambos animales databa de junio de 2025, por lo que no contaban con la cobertura sanitaria exigible en la actualidad. Según el cuerpo, la mujer explicó que daba de comer a los perros de manera altruista y el hombre reconoció que se encargaba de su mantenimiento. Este último manifestó, siempre según la Guardia Civil, su negativa a implantar el microchip obligatorio y a formalizar el pasaporte sanitario de los animales para evitar figurar como titular legal.
Actas remitidas a la Consejería, no condenas
La Comandancia recordó que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales distingue entre la titularidad legal y la responsabilidad derivada de la custodia efectiva, de modo que no reconocer la propiedad no exime de las obligaciones de cuidado. Las actas fueron remitidas a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla para que compruebe el historial de los animales, supervise sus condiciones de alojamiento y valore la apertura de un expediente sancionador. Se trata de denuncias administrativas por presuntas infracciones, no de sanciones firmes ni de condenas.
Qué no se sabe
No se ha publicado la fecha exacta de la inspección, si los perros siguen al cuidado de esas personas o en otro lugar, ni si la Ciudad Autónoma ha abierto ya un procedimiento sancionador. Tampoco se ha dado a conocer el resultado de la revisión sanitaria posterior.
