La Guardia Civil investiga a nueve personas y dos empresas por presuntas irregularidades relacionadas con la vacunación de perros y la venta de medicamentos veterinarios en Aragón, según la información difundida el 14 de agosto de 2025. La investigación se inició a partir de la detección de cartillas sanitarias caninas en las que no constaba con claridad la identificación del veterinario que supuestamente había practicado los actos clínicos reflejados en ellas. Todos los implicados figuran como investigados, una condición procesal que no implica culpabilidad, y les ampara la presunción de inocencia.
De una cartilla mal cumplimentada a una investigación
El punto de partida del caso resulta revelador de cómo funciona el control de este ámbito. La cartilla sanitaria o pasaporte del animal es el documento que acredita qué se le ha administrado, cuándo y quién lo hizo, y su validez descansa por completo en la identificación del veterinario responsable: número de colegiado, firma y sello.
Cuando esa identificación falta o resulta confusa, el documento deja de cumplir su función. No es un defecto formal menor: sin veterinario identificable no hay forma de comprobar que el acto se realizó, ni de exigir responsabilidad profesional si algo falla, ni de verificar que el producto administrado se conservó y manejó correctamente. Una anomalía documental repetida es, por eso, un indicio que suele desencadenar comprobaciones más amplias.
Qué está en juego en la trazabilidad vacunal
La vacunación de un perro genera dos registros que deben coincidir: el que queda en la documentación sanitaria del animal y el que consta en los sistemas oficiales de identificación y registro animal que gestionan las comunidades autónomas, vinculados al microchip del ejemplar.
Esa doble anotación es la que permite saber, ante un episodio de mordedura o ante la sospecha de una enfermedad transmisible, si un animal concreto estaba realmente inmunizado. En el caso de la rabia, vacuna obligatoria para el perro en la mayor parte del territorio español, la trazabilidad tiene además implicaciones de salud pública y condiciona los desplazamientos del animal entre comunidades autónomas y entre países.
Si una vacuna figura como administrada y no lo fue, o lo fue en condiciones que no garantizan su eficacia —cadena de frío rota, producto caducado, dosis manipulada—, el resultado es un animal que consta como protegido sin estarlo. El riesgo no se limita a ese ejemplar: contamina la información con la que se toman decisiones de control epidemiológico y puede generar una falsa sensación de cobertura en una población.
Medicamentos veterinarios, prescripción e intrusismo
La segunda pata de la investigación afecta a la venta de medicamentos veterinarios. La dispensación de estos productos está sujeta a requisitos estrictos: buena parte de ellos solo puede suministrarse con prescripción veterinaria, a través de canales autorizados y con registro de las operaciones, precisamente para asegurar su trazabilidad desde el fabricante hasta el animal.
Esos controles no son burocracia acumulada. Persiguen tres objetivos concretos: evitar el uso inadecuado de antimicrobianos, que contribuye al desarrollo de resistencias con impacto en salud humana y animal; garantizar que un producto conservado y aplicado correctamente conserve su eficacia; y asegurar que existe un profesional que ha valorado al animal antes de administrarle nada.
El ángulo del intrusismo profesional aparece cuando actos reservados a veterinarios colegiados son presuntamente realizados por quien no lo es, o cuando se emplea la identidad profesional de un veterinario para respaldar actuaciones ajenas. El Código Penal contempla el intrusismo profesional como figura delictiva, aunque corresponde en exclusiva a los juzgados y tribunales valorar si los hechos investigados encajan en ese tipo o en cualquier otro.
La perspectiva del consumidor y la del animal
Hay un componente de protección del consumidor que suele quedar en segundo plano. Quien paga por una vacuna o por un tratamiento contrata un servicio profesional con unas garantías determinadas, y no está en condiciones de comprobar por sí mismo si el producto era el correcto, si se conservó bien o si quien lo administró estaba habilitado. La asimetría de información es total, y el perjuicio económico se suma al sanitario.
Para el animal, las consecuencias posibles van desde quedar desprotegido frente a enfermedades graves hasta sufrir una reacción adversa sin que exista un profesional responsable a quien acudir. Y para el conjunto del sistema, cada documento sin respaldo real debilita la fiabilidad de unos registros que solo sirven si todos los asientos son ciertos.
Vía penal y vía administrativa
Conviene distinguir con claridad los dos cauces por los que pueden discurrir estos hechos, que no son intercambiables ni excluyentes. En el plano penal, corresponde a los juzgados y tribunales determinar, tras el correspondiente procedimiento con todas las garantías, si concurre algún delito y quién sería responsable de él. Nada de lo publicado hasta ahora prejuzga ese resultado.
En paralelo, la normativa sobre medicamentos veterinarios, sanidad animal e identificación y registro de animales de compañía prevé su propio régimen sancionador administrativo, que tramitan las administraciones competentes —autonómicas, en buena parte de estas materias— con plazos, infracciones, sanciones y recursos distintos de los penales. A ello puede sumarse, en su caso, la actuación deontológica de los colegios profesionales respecto de sus colegiados, que sigue reglas propias. La información disponible no permite precisar por cuáles de esas vías avanzan las actuaciones.
Radar Animal no publica los nombres de las personas ni de las empresas investigadas, que tampoco constan en la fuente. El proceso sigue abierto; Radar Animal actualizará esta información si se conoce una resolución judicial o administrativa posterior.
Lo que no se sabe
La información disponible no precisa en qué provincias de Aragón se han desarrollado las actuaciones, cuántas cartillas sanitarias se revisaron ni cuántos animales podrían estar afectados por las presuntas irregularidades. Tampoco consta el periodo temporal que abarcan los hechos investigados ni cómo se detectaron inicialmente las anomalías documentales.
No se detalla qué relación guardan entre sí las nueve personas y las dos empresas investigadas, ni qué papel se atribuye a cada una, ni qué delitos o infracciones concretas se les imputan. Falta igualmente saber qué medicamentos estarían implicados, si se han intervenido productos, si se ha comprobado que alguna vacuna no llegara a administrarse realmente y si se ha requerido a los tutores revacunar a sus animales. Tampoco hay información sobre si existe procedimiento judicial abierto, sobre si se han incoado expedientes administrativos sancionadores en paralelo o sobre la posición de los colegios veterinarios de Aragón. Radar Animal actualizará esta ficha cuando se conozcan datos oficiales adicionales.
Fuentes: Animal’s Health, información publicada el 14 de agosto de 2025 — https://www.animalshealth.es/animaladas/guardia-civil-investiga-caso-irregularidades-vacunacion-y-venta-medicamentos-con-veterinarios-implicados-aragon
