El equipo veterinario de GREFA realizó durante 2024 un total de 390 necropsias de fauna silvestre, además de 134 estudios microbiológicos y cerca de 400 estudios radiológicos, según el balance de actividad difundido el 3 de febrero de 2025. De ese trabajo salieron 50 informes vinculados a cadena de custodia, es decir, documentos elaborados con las garantías formales necesarias para que puedan sostenerse como prueba en un procedimiento judicial o administrativo. La organización, con sede en la Comunidad de Madrid, es uno de los centros de recuperación de fauna salvaje de mayor volumen de España.
Qué mide realmente un balance de necropsias
Una necropsia es el examen sistemático de un animal muerto para determinar la causa del fallecimiento y documentar las lesiones presentes. En fauna silvestre no se practica solo cuando hay sospecha de delito: se hace de forma rutinaria sobre los ejemplares que llegan muertos a un centro de recuperación o que mueren durante el ingreso, porque cada cadáver aporta información sobre qué está matando a la fauna de un territorio.
La cifra de 390 necropsias debe leerse, por tanto, como un indicador de capacidad diagnóstica y no como un recuento de casos sospechosos. Solo una parte de esos exámenes acaba convertida en un informe con valor probatorio; el resto alimenta la vigilancia sanitaria y el conocimiento sobre las amenazas que afectan a cada especie, desde colisiones y electrocuciones hasta enfermedades infecciosas o intoxicaciones.
Qué es la cadena de custodia y por qué cambia el valor de una necropsia
La cadena de custodia es el registro documentado e ininterrumpido de todo lo que le ocurre a una muestra o a un cadáver desde que se recoge hasta que se emite el informe final. Anota quién lo encontró, dónde y cuándo, quién lo trasladó, en qué condiciones se conservó, quién abrió el precinto, qué muestras se tomaron, a qué laboratorio se enviaron y quién las manipuló en cada paso.
Su función es impedir que exista una ventana temporal en la que la prueba haya estado sin control o haya podido ser sustituida, contaminada o alterada. Si esa cadena se rompe —un cadáver que pasa días en un maletero sin registro, una muestra sin identificar, un envío sin precinto— el hallazgo puede seguir siendo científicamente cierto y aun así perder eficacia probatoria, porque la defensa puede cuestionar que lo analizado sea lo mismo que se recogió en el campo.
De ahí la relevancia de los 50 informes emitidos con estas garantías. Son los que pueden acompañar a una denuncia por uso ilegal de veneno, disparo a especie protegida o electrocución en tendido eléctrico y sostenerse ante un juzgado o ante el instructor de un expediente sancionador.
El papel de la microbiología y la radiología
Los 134 estudios microbiológicos apuntan a la otra función de un centro como este: la vigilancia sanitaria. Identificar bacterias, hongos u otros agentes en fauna silvestre permite detectar brotes, controlar riesgos para los animales que conviven en el centro y, en algunos casos, aportar señales tempranas sobre patógenos con interés para la salud pública o para la ganadería.
Los cerca de 400 estudios radiológicos cumplen un doble papel. En el animal vivo, la radiografía guía el tratamiento de fracturas y localiza cuerpos extraños. En el contexto forense, es la herramienta que revela perdigones o proyectiles alojados en un ave sin necesidad de abrirla, un dato que convierte una muerte aparentemente natural en un indicio de disparo. Esa detección previa a la necropsia orienta después dónde y cómo tomar las muestras.
Por qué una cifra anual no equivale a un mapa de la mortalidad
Conviene una cautela interpretativa. Los datos de un centro de recuperación proceden de los animales que alguien encuentra y traslada, lo que introduce sesgos conocidos: las aves grandes y las especies emblemáticas se localizan y se recogen más que los pequeños paseriformes o los micromamíferos, y las zonas con más presencia humana generan más avisos que las áreas remotas.
Esto significa que el balance describe con precisión la actividad del centro, pero no puede leerse como una radiografía completa de la mortalidad de fauna salvaje en la Comunidad de Madrid o en España. Es una muestra útil y valiosa, no un censo. Los propios centros suelen advertirlo cuando publican sus cifras, y es el motivo por el que estos datos se combinan con otras fuentes —programas de vigilancia, seguimiento de poblaciones marcadas, denuncias de agentes ambientales— antes de extraer conclusiones sobre tendencias.
Lo que no se sabe
La información disponible no desglosa qué especies concentran las 390 necropsias ni cuáles fueron las causas de muerte identificadas, un dato clave para saber qué proporción corresponde a causas naturales, a accidentes con infraestructuras o a acciones intencionadas. Tampoco consta qué agentes se detectaron en los estudios microbiológicos ni si alguno tuvo relevancia epidemiológica.
No se precisa por qué motivos concretos se emitieron los 50 informes con cadena de custodia, ni a instancia de qué organismos —Seprona, agentes forestales, administraciones autonómicas o juzgados—, ni cuántos de ellos han derivado en un procedimiento penal o en un expediente administrativo sancionador. Falta igualmente la comparación con los datos de ejercicios anteriores, que permitiría saber si la actividad forense del centro crece, se mantiene o responde a un aumento puntual de casos. Radar Animal actualizará esta ficha si se publica el desglose completo del balance.
Fuentes: Animal’s Health, información publicada el 3 de febrero de 2025 — https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-grefa-realizaron-cerca-400-necropsias-2024
