El SEPRONA de la Guardia Civil ha rescatado 111 animales en la provincia de Málaga dentro de la denominada Operación Colaphus, una actuación contra el presunto maltrato y abandono animal coordinada con la Fiscalía. Tras 236 actuaciones de inspección, los agentes detectaron más de 500 infracciones administrativas e investigan a 34 personas. Entre los animales localizados había ejemplares enfermos que no recibían asistencia veterinaria y situaciones graves de falta de cuidados. Todos los hechos son presuntos y la investigación permanece abierta.
Una operación de barrido, no un caso aislado
La estructura de la operación es lo que la distingue de una intervención puntual. 236 actuaciones para 111 animales rescatados indica un despliegue de inspección sistemática sobre un territorio, no la respuesta a una única denuncia. Ese enfoque permite detectar algo que las intervenciones aisladas no suelen mostrar: que el maltrato y el abandono rara vez son fenómenos individuales y suelen concentrarse en entornos donde la vigilancia administrativa ha sido débil durante años.
El desequilibrio entre las más de 500 infracciones administrativas detectadas y las 34 personas investigadas apunta en la misma dirección. La mayor parte de lo hallado no alcanza el umbral penal, pero describe un incumplimiento generalizado de obligaciones básicas: identificación, censo, condiciones de alojamiento, atención veterinaria o control reproductivo.
Dónde está la frontera entre infracción y delito
La distinción es la clave para entender el caso. La vía administrativa sanciona incumplimientos de la normativa autonómica y estatal de protección y tenencia de animales; la resuelve la Administración mediante expediente sancionador y su consecuencia habitual es una multa, acompañada en su caso de medidas accesorias como el decomiso o la inhabilitación para la tenencia.
La vía penal entra en juego cuando la conducta encaja en los delitos de maltrato animal o abandono del Código Penal, y es un juzgado quien decide. Que en esta operación se investigue a 34 personas significa que en esos casos concretos se apreciaron indicios que justifican esa segunda vía, no que exista una condena. Ambos procedimientos pueden seguir su curso en paralelo y desembocar en resultados distintos.
La coordinación con la Fiscalía desde el inicio tiene un efecto práctico: permite que la recogida de pruebas —informes veterinarios, documentación fotográfica, actas de inspección— se realice desde el primer momento con los criterios que después exigirá el procedimiento judicial. Es una de las debilidades históricas de estos casos, en los que la prueba del sufrimiento animal debe reconstruirse a posteriori cuando el animal ya ha sido tratado y se ha recuperado.
Animales enfermos sin asistencia: el peso del informe veterinario
Entre las situaciones detectadas figuran animales que padecían enfermedades sin recibir tratamiento. En la práctica forense veterinaria, la omisión de asistencia es un elemento decisivo, porque permite documentar algo más que un estado puntual: la cronicidad de una lesión o de una enfermedad no atendida deja marcas objetivables —pérdida de condición corporal, lesiones cutáneas evolucionadas, alteraciones analíticas— que un informe puede fechar con cierta aproximación.
Esa datación es lo que convierte una fotografía en prueba. Permite distinguir el descuido sobrevenido y breve de la desatención sostenida en el tiempo, que es la que la normativa y, en su caso, el Código Penal contemplan con mayor gravedad.
Qué ocurre después con 111 animales rescatados
El rescate abre un problema logístico que suele quedar fuera del titular. Los animales retirados en una intervención de este tipo no pasan automáticamente a ser adoptables: mientras el procedimiento se resuelve, la titularidad puede seguir sin estar definida y los ejemplares permanecen bajo depósito en centros de acogida, con el coste veterinario y de mantenimiento que ello supone y que recae sobre las administraciones o sobre las entidades colaboradoras.
Cuando el grupo rescatado incluye animales de gran tamaño —caballos, en este caso— la dificultad se multiplica, porque las plazas disponibles para équidos son escasas y caras. El tiempo que un animal pasa en esa situación intermedia depende directamente de la velocidad del procedimiento, y ese es uno de los factores que más condiciona su bienestar tras el rescate.
Lo que no se sabe
No consta el desglose por especies del total de 111 animales rescatados ni el número exacto de perros, caballos u otros ejemplares afectados, más allá de que el grupo incluía animales de varias especies. Tampoco se detalla en qué municipios se concentraron las inspecciones, a qué centros fueron trasladados los animales ni cuál era su pronóstico veterinario. Se desconoce el reparto de las más de 500 infracciones por tipo y por gravedad, si se han impuesto medidas cautelares de retirada definitiva y en qué situación procesal se encuentran las 34 personas investigadas.
El proceso sigue abierto; Radar Animal actualizará esta información si se conoce una resolución judicial o administrativa posterior.
Fuentes: Guardia Civil, nota de prensa de 26 de febrero de 2024 sobre el rescate de 111 animales en Málaga en una operación contra el maltrato y el abandono. Información complementaria de Animal’s Health, 26 de febrero de 2024.
