El SEPRONA de la Guardia Civil realizó 438 inspecciones en el marco de la operación Thunder contra el tráfico ilícito de especies protegidas, con un resultado de 193 infracciones administrativas y 11 infracciones de carácter penal, la incautación de 192 especímenes vivos y 50 piezas procedentes de animales o plantas, y 13 personas investigadas, según la información difundida por el Ministerio del Interior. Ninguna de esas personas está condenada: los hechos son presuntos y el procedimiento sigue su curso.
Dos vías que no se mezclan
El dato más importante de este balance es también el que peor se traslada: las cifras de infracciones administrativas y penales cuentan cosas distintas y no deben sumarse como si fueran lo mismo. Las 193 infracciones administrativas corresponden a incumplimientos de la normativa de comercio y tenencia —documentación CITES ausente o incompleta, marcaje deficiente, registros mal llevados, ejemplares sin acreditar origen legal— que se resuelven mediante expediente sancionador ante la autoridad competente, con multa y decomiso como consecuencias habituales.
Las 11 de carácter penal son un supuesto diferente: hechos que, por su gravedad, se ponen en conocimiento de la autoridad judicial como posibles delitos contra la flora y la fauna. Ahí no hay sanción administrativa inmediata, sino una investigación que un juzgado deberá valorar. Que la cifra penal sea muy inferior a la administrativa es lo esperable, y no significa que el resto de casos sean irrelevantes: significa que la mayor parte del tráfico se sostiene sobre incumplimientos documentales que el sistema clasifica como infracción, no como delito.
Las 13 personas investigadas lo están precisamente en esa condición, investigadas. En el proceso penal español la figura no implica culpabilidad ni acusación formal firme, sino la atribución de unos hechos que deben acreditarse. Cualquier lectura que las presente como culpables es incorrecta mientras no exista una resolución judicial.
Qué se intervino
La operación se saldó con 192 especímenes vivos incautados —reptiles, artrópodos, aves y otras especies incluidas en los apéndices CITES— y 50 piezas, es decir, partes o derivados de ejemplares ya muertos, la categoría que agrupa desde trofeos y pieles hasta objetos elaborados con material de especies protegidas.
Los animales vivos incautados abren un problema que las cifras no reflejan: cada ejemplar necesita alojamiento inmediato con condiciones específicas de temperatura, humedad y alimentación, y la red de centros de acogida para exóticos es limitada. La incautación resuelve el delito presunto; el destino del animal es una segunda tarea que empieza el mismo día y puede durar años.
Por qué las inspecciones importan tanto como las incautaciones
Las 438 inspecciones son la parte menos vistosa del balance y la que explica el resto. El tráfico de especies protegidas no se detecta principalmente en fronteras, sino revisando tiendas, criaderos, ferias, colecciones particulares y envíos, y cotejando papeles con animales. Sin ese trabajo administrativo previo, sostenido y poco espectacular, no hay incautación posible.
Proceso abierto
Este balance recoge el resultado de una actuación policial, no el de un procedimiento terminado. Ni las infracciones administrativas están firmes mientras cabe recurso, ni los presuntos delitos han sido juzgados. Radar Animal actualizará esta información si se conocen resoluciones judiciales o administrativas posteriores.
Lo que no consta
La información disponible no detalla el reparto territorial de las inspecciones ni las especies concretas incautadas, más allá de los grupos genéricos. Tampoco se especifica el destino de los 192 ejemplares vivos, el alcance de la coordinación internacional de esta edición de Thunder ni el estado procesal de cada una de las 11 actuaciones penales.
Fuentes: Ministerio del Interior / Guardia Civil, nota informativa sobre los resultados de la operación Thunder del SEPRONA, publicada el 2 de abril de 2025.
