Concluida la instrucción judicial de la red de tráfico de mascotas desmantelada en Barcelona en 2023, la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación. Pide para los seis integrantes del grupo penas de entre 5 y 17,5 años de prisión, por delitos de pertenencia a grupo criminal, maltrato animal, falsedad documental, estafa e intrusismo profesional, además de un cargo de blanqueo de capitales contra uno de los acusados.
Conviene decirlo con precisión desde el principio: esto es un escrito de acusación, no una sentencia. Los seis son, en esta fase, personas acusadas a la espera de juicio, no condenadas. La Fiscalía propone las penas; será un tribunal quien decida si se celebran los hechos como se plantean y qué condena, si la hay, corresponde a cada uno.
Un negocio de ocho años, según la acusación
La red fue desarticulada el 20 de septiembre de 2023, en una operación conjunta de la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con más de un centenar de agentes y once entradas y registro en Cataluña y Madrid. Según esa investigación policial, el grupo llevaba operando más de ocho años a través de tiendas de venta de mascotas, criaderos y un centro veterinario propio, e importaba cachorros desde países del Este a edades inferiores a las que permite la normativa.
El escrito de acusación de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona recoge los testimonios de 35 personas que, entre 2018 y 2023, compraron animales a la red. Según esos testimonios, varios de los animales llegaron enfermos y algunos murieron pocos días después de la venta. El escrito cita, entre otros casos, el de un cachorro de raza Jack Russell vendido por 786 euros que falleció tres días después con coronavirus y parvovirosis sin haber sido vacunado, y el de un Border Collie vendido por 968 euros que tuvo que ser sacrificado dos meses después, tras una inversión adicional de casi 4.000 euros en la clínica veterinaria de la propia red que no consiguió salvarlo.
Un tercer caso, recogido también en el escrito, ilustra según la Fiscalía cómo operaba el negocio: un cachorro vendido como bulldog francés con la edad falseada en la documentación (tres meses reales frente a los cinco declarados, para sortear la normativa de importación) fue entregado a una clienta, reclamado después por la propia tienda alegando que ya estaba vendido a otro comprador, y resultó ser, según se supo más tarde, un perro mestizo y no un bulldog francés.
Quién afronta qué, según la acusación
El escrito atribuye a los dos cabecillas del grupo, identificados por sus iniciales A.E.A.P. y C.P.B., la gestión del entramado societario y funciones veterinarias de facto (pauta de vacunas, administración de medicamentos, implantación de microchips) para las que, según la Fiscalía, no estaban habilitados. Para A.E.A.P. se piden 17,5 años de prisión, y para C.P.B., 14,5 años.
R.D.L.R., pareja de A.E.A.P. y encargada según la acusación de la documentación y regularización administrativa de los animales, se enfrenta también a una petición de 17,5 años; en su domicilio se encontraron, además, dos pistolas sin licencia. N.V.A., al frente de la tienda donde se vendió el cachorro de raza confundida, afronta 9,5 años. La veterinaria del grupo, identificada como M.L.F., a la que la Fiscalía responsabiliza de firmar documentación en blanco y pautar medicamentos por teléfono sin explorar a los animales, se enfrenta también a 9,5 años. Y E.P.D.R., primo de uno de los cabecillas y encargado de las inversiones del grupo, afronta un cargo de blanqueo de capitales con una petición de 5 años.
Las condiciones que describe el escrito
El escrito de acusación describe las instalaciones donde se criaba y custodiaba a los animales con detalle. En uno de los centros, llamado B Huella, los investigadores encontraron el suelo cubierto de orines y heces, sin ventilación y con iluminación deficiente. Una veterinaria que examinó el lugar constató que se usaba como centro de cría sin autorización y que varias hembras presentaban patologías asociadas a la cría intensiva, por sucesivas gestaciones sin respetar los periodos de descanso. En otro punto se encontró una perra con una fractura de tibia sin tratar, que hubo que amputar, y un perro de seis meses que no podía levantarse tras cuatro meses en condiciones de hacinamiento.
Según la acusación, los cachorros se importaban a bajo coste y se trasladaban en condiciones deficientes; el escrito menciona un vehículo con matrícula eslovaca que transportó 71 animales en un trayecto de más de 20 horas. Una intervención posterior del Ayuntamiento de Barcelona, tras la denuncia de una clienta, acabó con el decomiso de 35 de los 42 animales hallados en un establecimiento, todos por debajo de la edad mínima legal de comercialización y con problemas de salud sin diagnosticar.
La Fiscalía concluye que el objetivo del grupo era, en los términos del propio escrito, «la obtención de beneficio económico mediante la reducción sistemática de costes a costa del bienestar animal». Además de las penas de prisión, el escrito reclama que los acusados devuelvan el dinero pagado por los clientes afectados y los más de 287.000 euros que ayuntamientos y entidades animalistas tuvieron que asumir para la manutención y atención veterinaria de los animales intervenidos.
Fuentes: Dani Cordero y Rebeca Carranco, «La Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para los miembros de una red ilegal de tráfico de mascotas», El País, 7 de agosto de 2026 (a partir del escrito de acusación de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona). Contexto de la operación policial de 2023: Animal’s Health.
