La Guardia Civil ha investigado a dos responsables vinculados al transporte de 36 perros de caza después de que 27 de los animales murieran durante el tramo marítimo entre Barcelona y Palma. Las diligencias de la denominada operación Xólotl atribuyen el desenlace a unas condiciones de ventilación insuficientes dentro de la furgoneta y a la falta de cuidados adecuados durante la travesía.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil en Mallorca, afecta al conductor del vehículo, de 21 años, y a la persona jurídica responsable de la empresa encargada del traslado. Ambos quedaron investigados por un presunto delito contra los animales y las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial. Que una persona esté investigada no implica una condena: corresponde al procedimiento judicial determinar las responsabilidades.
Un viaje desde Lituania que terminó en Palma
Los hechos se produjeron durante el regreso de un grupo de 36 perros que habían viajado desde Mallorca hasta Lituania con fines cinegéticos. Sus propietarios habían contratado a una empresa especializada con sede en Cataluña para realizar el transporte de ida y vuelta.
El trayecto terrestre de regreso llegó hasta Barcelona y la furgoneta embarcó en un ferry con destino a Palma. En la mañana del 1 de noviembre de 2025, al finalizar la travesía, 27 perros fueron encontrados muertos dentro del vehículo. Solo nueve sobrevivieron, algunos de ellos en condiciones graves.
Qué concluyó la operación Xólotl
Según la información comunicada por la Guardia Civil al cerrar esta fase de la investigación, dentro del vehículo no se mantuvo una calidad y una cantidad de aire adecuadas para la especie y para el número de animales transportados. Los investigadores señalaron también que durante el trayecto no se proporcionaron los cuidados necesarios.
La concentración de 36 perros en el vehículo generó calor metabólico, humedad y dióxido de carbono. En un espacio con renovación de aire insuficiente, esa combinación creó unas condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.
Informaciones posteriores sobre el atestado detallaron que se practicaron necropsias a cinco de los perros y que la causa determinada fue la asfixia. La reconstrucción policial también describió signos de estrés intenso en los animales antes de morir.
La investigación se dirigió contra el transporte, no contra la naviera
La comunicación de la Guardia Civil de marzo situó como investigados al conductor y a la empresa responsable del transporte. En esa fase no constaba la naviera como investigada. Esta distinción es importante porque el procedimiento todavía debía determinar responsabilidades penales y civiles a partir de las diligencias y las declaraciones de las partes.
Actualización: el conductor culpa a la naviera
En septiembre de 2026, ya dentro de la instrucción judicial, el conductor declaró por videoconferencia ante el juzgado y sostuvo que había avisado de que transportaba 36 perros, pero que no recibió instrucciones suficientes sobre el acceso a la bodega y que no le permitieron abrir las puertas traseras de la furgoneta. Se trata de la versión de su defensa, no de una conclusión judicial.
El atestado conocido a través de la prensa recoge, sin embargo, que la tripulación trató de localizar al conductor y que un marinero lo acompañó hasta el vehículo durante la travesía, momento en el que abrió las ventanillas de la cabina. El marinero y el primer oficial estaban llamados a declarar posteriormente, por lo que la causa continuaba abierta y las versiones sobre lo ocurrido en la bodega seguían pendientes de contraste judicial.
Por qué este caso importa para el transporte de animales
El caso muestra el riesgo que supone transportar numerosos animales dentro de un vehículo cerrado durante un trayecto marítimo si la ventilación, la temperatura y la supervisión no se adaptan a la carga real. El calor producido por los propios animales, la humedad y el CO₂ pueden acumularse con rapidez cuando la renovación del aire es insuficiente.
La investigación judicial deberá establecer qué obligaciones correspondían a cada interviniente y si las conductas investigadas constituyen finalmente un delito. Hasta que exista una resolución, las atribuciones de responsabilidad deben considerarse provisionales.
