El SEPRONA de la Guardia Civil y los Agents Rurals de la Generalitat de Cataluña han desarticulado en Terrassa y Rubí (Barcelona) una organización que, presuntamente, continuaba fabricando y distribuyendo medicamentos veterinarios después de haber perdido su autorización administrativa. La actuación, conocida como operación Tilosina, se hizo pública el 19 de agosto de 2026 y se saldó con cuatro detenidos y dos investigados, cuyas diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Terrassa. Todas las personas afectadas mantienen la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.
Qué se investiga
Según la información difundida, la investigación se centra en una estructura empresarial que habría seguido operando como laboratorio de medicamentos de uso veterinario pese a que su autorización había sido revocada. Ese es el núcleo del asunto: no se trata de una irregularidad formal en la etiqueta de un producto legal, sino de la presunta continuidad de una actividad industrial sanitaria una vez retirado el título habilitante que la permitía.
El balance de la operación es de cuatro personas detenidas y dos investigadas sin detención. Las diligencias instruidas por los agentes se han remitido al Tribunal de Instancia de Terrassa, que es ahora el órgano competente para decidir si los hechos son constitutivos de delito y, en su caso, contra quién se dirige el procedimiento. El nombre de la operación, Tilosina, remite a un antibiótico macrólido de uso veterinario muy extendido en producción animal, especialmente en avicultura y porcino.
Por qué fabricar medicamentos veterinarios sin autorización es grave
La autorización de un laboratorio farmacéutico veterinario no es un simple permiso de apertura. Acredita que las instalaciones, los procesos y el personal cumplen las normas de correcta fabricación, que existen controles de calidad sobre cada lote, que la trazabilidad de materias primas y producto terminado está documentada y que un responsable técnico —habitualmente un profesional veterinario o farmacéutico— responde de todo ello. Cuando esa cadena de garantías desaparece, el producto resultante puede ser cualquier cosa: puede contener menos principio activo del declarado, más, o uno distinto.
Las consecuencias se proyectan en tres planos. El primero es el animal tratado: una dosificación incorrecta significa un tratamiento que no cura, que prolonga el sufrimiento del animal enfermo o que provoca toxicidad. El segundo es la seguridad alimentaria: los medicamentos autorizados llevan asociados unos tiempos de espera, es decir, el plazo que debe transcurrir entre la última administración y el sacrificio o la recogida de huevos o leche para que no queden residuos por encima de los límites legales en los alimentos. Un producto fabricado fuera del sistema no tiene tiempo de espera validado ni forma fiable de calcularlo. El tercero es la resistencia antimicrobiana.
El vínculo con la resistencia a los antibióticos
La resistencia antimicrobiana es uno de los grandes problemas sanitarios reconocidos bajo el enfoque One Health, que asume que la salud humana, la animal y la ambiental son inseparables. Cada vez que una bacteria se expone a un antibiótico en concentración insuficiente para eliminarla, se selecciona a las cepas capaces de sobrevivir. Las subdosificaciones repetidas son, precisamente, uno de los escenarios que más favorecen esa selección.
Por eso el uso de antibióticos en producción animal está sometido en España y en la Unión Europea a un control estricto: prescripción veterinaria obligatoria, registro de los tratamientos y sistemas de declaración de consumo que permiten monitorizar la evolución. Un circuito paralelo de fabricación y distribución rompe ese control por completo, porque los productos que circulan por él no aparecen en ningún registro, no pueden ser retirados si se detecta un problema y no computan en las estadísticas de consumo sobre las que se diseñan las políticas de reducción.
Vía penal y vía administrativa
El caso ilustra bien la convivencia de dos respuestas jurídicas distintas. En la vía penal, corresponde al Tribunal de Instancia de Terrassa valorar si concurren delitos contra la salud pública, además de las figuras que puedan derivarse de la actividad empresarial y documental asociada. Es un procedimiento que exige prueba y termina, en su caso, con una sentencia.
En la vía administrativa, la fabricación y distribución de medicamentos veterinarios sin autorización constituye una infracción de la normativa del medicamento veterinario, cuya potestad sancionadora corresponde a la administración sanitaria y a la autonómica competente, y puede llevar aparejadas multas, inmovilización y destrucción de producto o cierre de instalaciones. La previa revocación de la autorización del laboratorio pertenece a este segundo plano y es anterior a los hechos ahora investigados. Con la información pública disponible no consta el estado de eventuales expedientes sancionadores.
Un caso con implicaciones para el sector
El asunto interpela a toda la cadena, no solo a quien presuntamente fabricaba. La distribución de medicamentos veterinarios está reservada a entidades autorizadas, y los profesionales y explotaciones ganaderas que adquieren producto tienen la responsabilidad de verificar su origen, su número de registro y la existencia de la correspondiente receta. Un precio anormalmente bajo, la ausencia de documentación de compra o un envase sin datos de registro identificables son señales que deberían detener la operación.
Lo que no consta
La información disponible no permite conocer la identidad de las personas detenidas o investigadas, dato que la fuente no facilita y que este medio no publica. No consta el volumen de medicamento presuntamente fabricado o distribuido, ni qué principios activos concretos estaban implicados más allá de la denominación de la operación, ni desde cuándo se habría desarrollado la actividad tras la revocación de la autorización. Tampoco se conoce si el producto llegó a explotaciones ganaderas concretas, si se ha ordenado alguna retirada de mercado o si se han detectado residuos en alimentos, ni el alcance geográfico real de la distribución. Queda por confirmar la calificación jurídica definitiva de los hechos y si existe un procedimiento administrativo sancionador en paralelo. El proceso sigue abierto; Radar Animal actualizará esta información si se conoce una resolución judicial o administrativa posterior.
Fuentes: Animal’s Health, «Desarticulan en Barcelona un laboratorio que fabricaba medicamentos veterinarios de forma ilegal», 19 de agosto de 2026 — https://www.animalshealth.es/animaladas/desarticulan-barcelona-laboratorio-fabricaba-medicamentos-veterinarios-ilegal
