UGT Servicios Públicos desconvocó el lunes 31 de agosto la huelga en el Centro de Bienestar Animal de Son Reus (Palma), gestionado por la concesionaria Athisa. El paro había empezado el 24 de agosto y duró una semana.
El sindicato no lo presenta como un acuerdo, sino como lo contrario: retira la huelga porque, dice, quedó «neutralizada», y anuncia que traslada el conflicto a los tribunales.
La acusación del sindicato
UGT sostiene que el director general de Medio Ambiente, Espacios Naturales y Bienestar Animal y el jefe del Departamento de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma «estuvieron realizando tareas correspondientes a los huelguistas de manera continuada y reiterada durante los días de huelga».
A eso lo llama «esquirolaje externo», y lo califica de «grave e ilegal». En su comunicado, recogido por varios medios, añade que resulta «llamativo e indignante que el director general de medio ambiente, siendo policía en excedencia para ocupar este cargo público, se dedique a ejecutar prácticas que se encuadran directamente en la ilegalidad».
El sindicato afirma también que había mantenido «en reserva diversas situaciones graves» mientras esperaba resolver el conflicto, y que ahora las denunciará «públicamente y ante las instancias judiciales».
La versión del Ayuntamiento
El Consistorio niega la interpretación. Sostiene que la «normalidad era absoluta» en el centro y que el apoyo prestado desde el área de Medio Natural es habitual y sirve para «optimizar el trabajo». Rechaza además que ese apoyo tuviera relación con los paseos de los perros.
Ahí está el punto más delicado del episodio: buena parte de la controversia gira en torno a facilitar que los voluntarios pasearan a los perros durante la huelga. Es la clase de gesto que resulta bueno para los animales y problemático para el derecho de huelga a la vez, y ninguna de las dos cosas anula a la otra. El propio sindicato reconoce que el bienestar animal durante esos días fue positivo; lo que discute es la forma.
Qué había detrás del paro
Cuando Radar Animal contó el conflicto en marcha, el dato que más importaba al lector no era sindical sino práctico: mientras duró el paro no se tramitaron adopciones. La plantilla es de 13 personas y los servicios mínimos dejaban el turno de mañana en 2 trabajadores (de 4) y el de tarde en 1 (de 2), más un auxiliar de veterinaria y una persona de atención telefónica nocturna. Los animales comían y recibían atención básica, pero un centro de acogida que no adopta deja de vaciarse.
El origen del conflicto es laboral: UGT lleva desde junio denunciando precariedad y falta de seguridad en la instalación, con salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional, y reclama un convenio propio que regule y dignifique las condiciones del personal, estabilice la plantilla y reconozca la especialización del servicio.
Son Reus es el centro de protección animal de referencia de Palma. Cuando su plantilla para, lo que se detiene no es una oficina: son las entradas, las adopciones y la atención diaria a los animales alojados.
Qué no sabemos, y una advertencia sobre las fuentes
Este artículo no se apoya en fuente primaria. A fecha de publicación, ni UGT Serveis Públics Illes Balears había publicado el comunicado de desconvocatoria en su propia web, ni el Ayuntamiento de Palma una nota oficial. Lo que hay son las declaraciones de ambas partes recogidas por varios medios independientes de Baleares, que coinciden en lo esencial. Se publica porque el conflicto afecta ya al funcionamiento de un centro con animales dentro y esperar no mejora la información del lector, pero conviene saber sobre qué se está leyendo.
De ahí lo que queda abierto:
- Las acusaciones de esquirolaje son alegaciones del sindicato, no hechos declarados por ningún juzgado ni por la Inspección de Trabajo.
- No consta que se haya presentado todavía ninguna demanda. UGT anuncia acciones legales; anunciar no es interponer.
- No se conoce el número de animales alojados durante el paro, ni los salarios concretos más allá de la referencia al Salario Mínimo Interprofesional.
- No se conocen las «situaciones graves» que el sindicato dice haber mantenido en reserva.
Fuentes: declaraciones de UGT Servicios Públicos y del Ayuntamiento de Palma recogidas por Última Hora (31 de agosto de 2026), elDiario.es Illes Balears y mallorcadiario.com.
